En defensa de los concejos. La aportación de ARCÓ.

Concejo bajo el Tejo centenario. © de su autor.

El día que el ministro Cristobal Montoro anunció, en el verano de 2012, la reforma de la Administración Local nadie imaginaba que de propina nos iba a regalar una medida que trastocaría gravemente la vida de muchos pueblos de España y en particular la casi totalidad de pueblos de León.  El ministro explico casi como sin querer que la reforma suprimiría las entidades locales menores.

El movimiento surgido a raíz de la medida propuesta ha hecho que esa medida del proyecto haya ido evolucionando desde la supresión instantánea a unos condicionamientos harto difíciles de cumplir para esta organización secular de los pueblos leoneses.

Hagamos un poco de historia; las entidades locales menores de la Ley de Régimen local de 1988 son las organizaciones  administrativa inferiores al municipio. En León se llaman concejos, juntas vecinales o pedanías, en Asturias y Galicia parroquias rurales, etc.

Desde hace siglos los concejos han sido el centro de la organización civil en el mundo rural leonés. Eran los poseedores de los bienes comunales que han servido de sustento y cohesión en los pueblos hasta la segunda mitad del siglo XX. Repartían entre los vecinos los terrenos para el pan (centeno), los pastos para las veceras y la leña y caza para el invierno. A su cargo se hicieron escuelas, cementerios, alumbrado, consultorios médicos,  canalización de agua, fiestas y todo lo que cada pueblo fue necesitando para sobrevivir y avanzar. La organización era sencilla: había unas adecuadas ordenanzas escritas u orales, se reunía el concejo (que representaba a todos los vecinos), se elegía al pedáneo que llevaba a efecto lo decidido en el concejo, y presentaba cuentas cada año al pueblo, y solo al pueblo, de su gestión.

Y aparecen dos factores que cambian gravemente este estatus: La publicación de la Ley de régimen local y la despoblación.

Con la Ley de régimen local de 1998 se ningunea absolutamente a las pedanías a favor de los ayuntamientos. La elección de pedáneo se hace por sufragio universal cada 4 años coincidiendo con las elecciones locales, las cuentas se tienen que presentar al Tribunal Superior de Cuentas con el asesoramiento del secretario municipal, el concejo pasa a ser consultivo salvo que se solicite la figura del Concejo abierto(Artículo 72), y no se contemplan para nada las seculares ordenanzas concejiles (aunque si  se hable de “potestad reglamentaria y de autorganización”)

Se le dedican Los Títulos VII y VIII, los artículos del 49 al 80, dándole como única competencia propia la administración de sus bienes, sean comunales o patrimoniales y el arreglo y limpieza  de caminos. También le “otorgan” el privilegio de crear tasas para conseguir algo que la ley le niega: asignación presupuestaria. En el artículo 68 obliga a los ayuntamientos a derivarles los “ingresos mínimos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus Competencias”. Es decir no destina ni un duro de los Presupuestos Generales al sustento de esta administración pública y las hace completamente dependientes de su ayuntamiento.

Esta cuestión que era grave no se vio como un impedimento en su momento porque las juntas vecinales no se sentían administración pública y eso les daba la posibilidad de seguir funcionando de por libre sin rendir cuentas al estado. Incluso siguieron ejerciendo, sin acuerdo expreso, como propias las competencias municipales de aguas, fiestas, sanidad, e incluso urbanismo u orden público, cosa prohibida taxativamente por ley. En la mayoría de los casos por desconocimiento y en otros por comodidad de los alcaldes que tenían mano de obra gratuita para resolver servicios por los que los ayuntamientos si ingresaban sus cantidades correspondientes. Este orden de cosas creó un grado de opacidad de gestión a ojos de las administraciones superiores que hoy estamos comenzando a pagar.

El otro factor de cambio ha sido la despoblación creciente de los pueblos. La despoblación trae como consecuencia que en cada pueblo queden uno o dos ganaderos y/o unos pocos agricultores. Lo demás ancianos. Los bienes comunales dejan de ser “comunes” y sus beneficios reales pasan a repartirse entre esos pocos. La mayoría de los bienes comunales son “certificados” para la PAC por particulares y los cotos de caza se contratan muchas veces con ajenos al pueblo. Otras veces aprovechando la senectud de los presidentes hay empresas que utilizan los terrenos comunales para uso propio. Tenemos el ejemplo de las minas a cielo abierto de Laciana u Omañas, o los parques eólicos proyectados en todo el noroeste. Los beneficios de todo esto raramente revierten en los pueblos, el expolio ha comenzado. Y también el olvido de las ordenanzas concejiles.

Los habitantes de los pueblos viendo esto comienzan a sentir una gran desafección por algo que siempre han sentido como suyo.

Pero ete aquí que llega el gobierno del PP y dice explícitamente que va a acabar con las entidades locales menores por obsoletas y opacas.

Y el sentimiento de lo comunal vuelve a renacer. Primero tímidamente y después de forma más organizada se oyen las primeras voces que dejan clara la barbaridad que quieren cometer de tapadillo, acabar con una institución histórica,  identitaria y básicamente democrática.  Y todo con la justificación de reducir el déficit de la Administración. Los defensores de la gestión de las juntas vecinales argumentamos  que son las únicas administraciones públicas sin déficit. Aunque, por falta de medios, la inmensa mayoría no presente cuentas oficialmente, está claro que al no recibir asignación de los Presupuestos generales del estado no se les puede achacar déficit público de ningún tipo.

Otra cuestión flagrante es la posibilidad de que los bienes comunales pasen a formar parte del patrimonio de otra administración superior, sea ayuntamiento, Diputación o Comunidad autónoma, significando expolio de la tercera parte del territorio de la provincia de León. Teniendo en cuenta además que un bien comunal no es un bien público ni un bien privado, es un concepto singular dado que solo pertenece a los vecinos de un pueblo por el hecho de ser vecinos.

La mayoría de los movimientos que luchan contra la normativa que significaría la desaparición de las pedanías hacen hincapié en la cuestión identitaria y en el expolio de los bienes comunales. En ARCÓ defendemos  que la forma de afianzar la supervivencia de los concejos es ir un paso más allá y demandar que se les dé estatus propio con sus peculiaridades bien definidas.

Por ellos desde ARCÓ APOYAMOS, DEFENDEMOS Y EXIGIMOS las siguientes medidas:

• Declaración de las Juntas vecinales como administración pública con personalidad jurídica plena. Desarrollo de un reglamento general que delimite su marco legal, competencias y obligaciones. Inclusión de las Juntas vecinales en los Presupuesto Generales del Estado para dotarlas de medios para gestionar sus competencias y obligaciones. Se incentivará a las pedanías para que pongan por escrito sus ordenanzas concejiles (proceso similar a las normas urbanísticas de cada ayuntamiento)
• Funcionamiento de todas las Juntas vecinales bajo el régimen de Concejo Abierto .
• Creación de un reglamento general  que defina el concepto de Bien comunal y desarrolle sus formas de gestión por las Juntas vecinales. Inventariado de los bienes comunales y asignación a cada Junta vecinal de sus bienes de forma fehaciente. 
• Creación de una federación que represente  y defienda los intereses de las juntas vecinales a nivel provincial y estatal.
• Obligación de ser oídas en todas las cuestiones que afecten a su territorio teniendo un voto de calidad en las decisiones que sobre estos  se adopten.

En definitiva las juntas vecinales son un ejemplo singular y secular de democracia básica y autogestionada que debemos defender y modernizar pero JAMÁS ADMITIREMOS SU DESAPARICIÓN POR ESTRANGULAMIENTO ADMINISTRATIVO O POR EXPOLIO DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

NO a la DESAPARICIÓN de las JUNTAS VECINALES

NO al EXPOLIO de los BIENES COMUNALES.

SI a su MODERNIZACIÓN y AUTOREGULACIÓN.

SI al FUTURO DE NUESTRO PUEBLOS.

La empresa ENEL continúa con su campaña de “información”.

ENEL, que declaraba hace poco no querer más proyectos en el Noroeste de León, porque "no son áreas de vientos excesivamente altos (sic)" continua con su campaña de información personal. Esta vez es una convocatoria  a alcaldes y pedáneos de la zona de La Cepeda, Omañas y Alto Bierzo. La noticia se la publica La Crónica de León y puedes verla pinchando aquí.

Imagen publicada en La Crónica de León con la noticia.

Desde ARCÓ nos alegramos de que se pongan en contacto con los representantes elegidos por el pueblo de forma pública y expliquen sus intereses en la generación energía eólica. Echamos de menos que no se hiciera antes de pedir las correspondientes autorizaciones administrativas para invadir el territorio con torres de 90 mts. También echamos de menos la transparencia debida en las actuaciones con las Juntas vecinales, titulares de los terrenos en los que, por casualidad, casi siempre van ubicados los postes.

Pero pasemos a analizar los argumentos esgrimidos en el artículo por los alcaldes “invitados” a la comida de familia:

Habla Benjamin Geijo, alcalde de Villagatón-Brañuelas de que el 50% del presupuesto municipal se debe a los eólicos. Luego habla de los empleos indirectos que generan, es decir las comidas de los técnicos de mantenimiento en los restaurantes de la zona.

Debe de conocer bien el tema por ser el dueño de uno de ellos, pero si esa es la creación de riqueza de la energía eólica se nos antoja muy escasa. El ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas ha recibido históricamente cantidad de fondos públicos, MINER en su mayoría, y su población se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años. Podemos echarle la culpa a la crisis o al gobierno, pero la energía eólica no ha generado ni un puesto de trabajo directo en su ayuntamiento y lo ingresado no ha logrado asentar población. Esta realidad parece poco dicutible.

De otra parte Toribio Cancillo, actual pedáneo de Almagarinos, acude a la comparación europea, en concreto Holanda, para darnos una visión de futuro. No sabemos cuándo ha estado en Holanda este señor, pero no creo que en dicho país se de la concentración de parques eólicos que nos quieren imponer en el noroeste de León ni que la gestión haya sido tan poco transparente en lo que respecta a las contrataciones con las Juntas vecinales, los estudios medioambientales falseados y las triquiñuelas legales para compartimentar proyectos. Suena un poco a lección aprendida.

Dice Emilio Cabeza, alcalde de Quintana del Castillo, “En conjunto, los beneficios que la eólica reporta al entorno ambiental justifican positivamente su presencia”. Bien por su conversión al credo conservacionista, denostado públicamente no hace mucho tiempo y de forma airada. Desgraciadamente la realidad científica dice todo lo contrario y no creemos que tenga autoridad en ese campo para contradecir los estudios publicados.

Román Díaz, alcalde de Castropodame, alude a una cuestión muy interesante, a saber “el negocio eólico supone para los ayuntamientos una fuente de ingresos y unos términos contractuales serios, claros, estrictos y puntuales. Sabemos a qué atenernos, en cuanto a condiciones, cantidades y plazo”. Y es aquí donde está el nudo gordiano del tema.

Desde ARCÓ, siguiendo con esta “campaña de información” proponemos un encuentro público con las empresas eólicas, los representantes populares, los grupos ecologistas y sobre todo la población interesada para aclarar estos temas. Adelantamos un orden del día basado en la transparencia de gestión:

• Beneficios y subvenciones recibidos por las empresas instaladoras de los Parques eolicos.

• Beneficios económicos recibidos por las Juntas vecinales que han instalado las torres eólicas o medidores de viento en terrenos de su propiedad. Cuál es la proporción con respecto a los beneficios generados.

• Presentación de los contratos firmados con los propietarios de los terrenos y sus condicionados.

• Estadísticas de población de los municipios con parques eólicos instalados y puestos de trabajo creados en la zona.

• Seguimiento de los beneficios generados por ayuntamientos y Juntas vecinales y como han revertido en la mejora de las condiciones de vida de la población y del medio ambiente.

• Evaluación de daños tanto medioambientales como paisajísticos de los parques eólicos. Puesta en valor de la naturaleza como creadora de riqueza si se gestiona correctamente.

Estos puntos son solo para estudiar, no queremos imponer nada a nadie.

Bien la convocatoria a alcaldes, pedáneos y empresas eólicas queda hecha, envíen propuestas a nuestro correo electrónico. Despacio, no se amontonen.

Seguimos creyendo en las energía eólica como renovable y sostenible. EOLICOS SÍ, PERO NO ASÍ

P.D.: No sabemos si estará relacionado o no pero esta noticia parece esclarecedora del porqué de las prisas por comunicar que últimamente asaltan a algunos.

Fonfría, gente muy "viva" para un pueblo fantasma.

Publicada en La Crónica de León la rocambolesca historia del pueblo de Fonfría y su pedanía, de la antigua comarca de Montes hoy desaparecida por despoblada.

Pinchad el enlace de la Crónica de León para ampliar la noticia. En este otro hay más.

En ella se conjugan la codicia, el abandono y la ilegalidad admitida y propiciada por los "políticos" y "empresarios" de la zona que, lejos de trabajar por su recuperación para la vida, trabajan para conseguir dinero fácil y fuera del control de sus inexistentes propietarios.

Una Junta vecinal creada de la nada, votada por unos habitantes que no han estado jamas en Fonfría y que desaparecen como habitantes tras unas elecciones fraudulentas.

¿Quien gana en todo este embrollo? ¿Qué habrá sido del dinero si se ha cobrado? ¿Porqué no actúan las autoridades judiciales de oficio ante tamaño despropósito?

Que conste que es solo un ejemplo paradigmático del funcionamiento de este tipo de "empresariado" y su comportamiento con las Juntas vecinales con las que negocia. Así nos va.
Nota: Fotos enlazadas de la Crónica de León a la que hay que agradecer sacar a la luz este tipo de ilegalidades.